El Salvador transita de la teoría financiera a la infraestructura física con distritos tecnológicos y exenciones fiscales para el sector global.

El Salvador ha cruzado el umbral de la experimentación financiera para entrar en una fase de transformación urbana impulsada por bitcoin (BTC). Lo que en 2021 nació como una legislación pionera, hoy se manifiesta en una serie de proyectos de infraestructura y zonas económicas especiales que buscan anclar al sector tecnológico global en el territorio.

Sin embargo, este despliegue arquitectónico aun tiene la tarea pendiente de demostrar que la moneda digital puede mejorar la economía de a pie de una población que aún observa el cambio con cautela.

La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021 se planteó bajo tres promesas fundamentales del Ejecutivo: bancarizar a una población mayoritariamente excluida, reducir los costos de las remesas, que sostienen el 20% del Producto Interno Bruto (PIB), y atraer capital extranjero.

Si bien los datos del Banco Central muestran que el uso de bitcoin para remesas aún no ha desplazado a los métodos tradicionales, el Gobierno decidió profundizar la apuesta. Por lo tanto la moneda digital dejó de ser una cifra en la aplicación Chivo Wallet para convertirse en el eje ordenador de la planificación territorial y la soberanía nacional.

Bajo la gestión de la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC), el país está delineando «nodos de intervención» que funcionan como laboratorios sociales. En la costa, Bitcoin Beach (El Zonte) opera como el referente de una economía circular donde el activo es el estándar.

Por otro lado, en el corazón de la capital, la Biblioteca Nacional (BINAES) actúa como un faro de alfabetización digital, donde el acceso a la tecnología puede verse como el primer paso hacia la inclusión financiera.